El regreso de Dina Pule al gabinete como ministra de Desarrollo Social ha reavivado el debate sobre la idoneidad de los cargos de alto nivel en Sudáfrica, sobre todo cuando su historial está marcado por una polémica que envolvió al sector de las telecomunicaciones.
Durante el periodo 2011‑2013, bajo la presidencia de Jacob Zuma, Pule se desempeñó como ministra de Comunicaciones. Aquellos años se caracterizaron por una serie de decisiones que paralizaron la operativa de Telkom, empresa parcialmente privatizada, y retrasaron la migración a la televisión digital terrestre. Además, el proceso de liberación del espectro de frecuencias necesario para el broadband móvil avanzó a paso de tortuga, generando críticas de expertos y de la industria tecnológica.
Un artículo de 2012 de TechCentral la calificó como la “ministra de la destrucción”, señalando que la constante injerencia estatal, incluida la prohibición de vender el 20 % de Telkom a la coreana KT Corp y el voto sorpresivo contra la junta directiva de la operadora en una asamblea general, dañó gravemente a la compañía, quizá de forma irreversible. La gestión de la migración digital también llevó al departamento ante los tribunales.
El escándalo tomó otra dimensión cuando el comité de ética del parlamento determinó que Pule no había revelado su relación con el empresario Phosane Mngqibisa, beneficiado indebidamente por su posición. El informe del Protector del Pueblo, Thuli Madonsela, confirmó que una parte de los R15 millones aportados por MTN al ICT Indaba de 2012 fue desviada irregularmente a la empresa de Mngqibisa y que el ministerio financió viajes internacionales del empresario, incluido un desplazamiento a México y EE. UU. Con la acusación de “mentir persistentemente”, la comisión instó a Pule a disculparse públicamente.
La primera denuncia pública surgió en el Sunday Times, cuya investigación mostró imágenes de los icónicos zapatos de suela roja de Christian Louboutin, presuntamente un regalo de Mngqibisa. Aunque el panel de ética consideró insuficiente la evidencia para confirmar ese detalle, la imagen quedó indeleble en la memoria colectiva.
Tras su destitución en 2013, cuando el comité de ética la sancionó, Pule continuó su ascenso dentro de la Liga de Mujeres del ANC, convirtiéndose en una de sus cuatro máximas dirigentes y la más alta oficial del partido en el Parlamento. La tradición reciente atribuía el portafolio de Desarrollo Social a una figura senior de esa liga; en este contexto, sustituye a Sisisi Tolashe, quien también fue removida por omitir la recepción de dos automóviles de lujo.
El anuncio de su re-incorporación, parte de una reorganización más amplia que incluye la salida de tres viceministros del DA y el traslado del líder demócrata John Steenhuisen fuera del área agrícola, ha generado una ola de críticas. La Ahmed Kathrada Foundation emitió un comunicado calificando la designación como “un insulto a los pobres” y advirtió que reinstaurar a una funcionaria con antecedentes de corrupción socava la construcción de un Estado ético y eficaz.
El episodio plantea una cuestión de Ciberseguridad institucional: la confianza en la gestión pública es tan vulnerable como un sistema sin parches. Cuando los responsables de políticas digitales y de infraestructura tecnológica presentan antecedentes empañados, la credibilidad de cualquier iniciativa de ciberseguridad gubernamental se ve comprometida, dificultando la cooperación con entes privados y la adopción de estándares seguros.
En definitiva, la reelección de Pule no solo reabre viejas heridas en la memoria del sector tecnológico sudafricano, sino que también plantea un reto ético para el presidente Cyril Ramaphosa. La presión de la sociedad civil y de organizaciones como la Kathrada Foundation exige respuestas claras sobre cómo se concilian los intereses políticos con la necesidad de una gobernanza transparente
